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Chile: El Estado cierra caso penal contra las apuestas en línea
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El 11 de julio de 2025, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago pondrá fin a la causa penal que pretendía declarar ilegales a las casas de apuestas en línea con presencia en el país austral, tras casi tres años de investigación impulsada por el Club Hípico, la Polla Chilena de Beneficencia y los casinos nacionales, aseguraron medios chilenos. ha decidido cerrar el caso sin sanciones ni prohibiciones para los operadores en línea, lo que podría confirma que el juego presencial puede operar legalmente, mientras que el juego en línea carece aún de regulación específica.
El juego presencial y en linea en el centro del debate legal
El Ministerio Público ratificó su decisión tras el rechazo judicial a una ampliación del plazo de investigación. Según reportan medios locales, la fiscal adjunta de Ñuñoa, Rossana Folli, subrayó ante medios de comunicación que las plataformas de apuestas en línea “operan dentro del marco legal vigente”, pese a la ausencia de una ley que regule de forma detallada su actividad. Este pronunciamiento ha sido celebrado por la y afirmó en declaraciones a la prensa local su disposición a colaborar activamente en el proceso legislativo para dotar al sector de una normativa estricta y moderna.
La legalidad del juego presencial, por su parte, está claramente establecida en la Ley 19.995 sobre casinos de juego, que regula y autoriza la operación de estos establecimientos bajo estrictos controles estatales. En cambio, no está prohibido, pero tampoco regulado de manera específica, lo que ha generado incertidumbre y debate en torno a su fiscalización y tributación.
Estricta prohibición para funcionarios públicos
En paralelo a la resolución judicial sobre las apuestas en línea, la ha reiterado una advertencia crucial: los funcionarios públicos encargados de la custodia de fondos estatales tienen prohibido participar en apuestas en casinos, sean presenciales o digitales. Esta prohibición se fundamenta en la necesidad de proteger el patrimonio público ante el riesgo de conductas que puedan derivar en perjuicio económico para el Estado.
El recordatorio surge a raíz del caso de la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, sorprendida en un casino mientras ejercía funciones públicas. La Contraloría dictaminó que administrar fondos públicos implica también su custodia y vigilancia, por lo que la participación en juegos de azar contraviene la normativa de probidad y pone en riesgo la integridad de los recursos estatales. Así, la ley prohíbe expresamente que quienes gestionan fondos públicos participen en apuestas, en aras de evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en la administración pública.
La resolución N° E30528 de 2025 de la Contraloría indica que cualquier funcionario responsable de la custodia de fondos estatales que apueste en casinos incurre en una infracción a la Ley 19.995. Este principio se aplica tanto a los casinos presenciales como a las plataformas en línea, reforzando la separación entre la gestión pública y el sector del juego.
Rumbo a la regulación
El cierre de la causa penal contra las apuestas en línea no implica el fin del debate. En septiembre de 2023, la Corte Suprema había declarado ilegales varias plataformas de apuestas deportivas en línea, ordenando el bloqueo de más de 20 sitios tras una apelación de la Polla Chilena de Beneficencia. Esta decisión provocó la cancelación de contratos de patrocinio deportivo y generó incertidumbre en el sector. Sin embargo, el Congreso chileno continúa trabajando en un proyecto de ley para regular el juego en línea, que contempla sanciones para operadores sin licencia y restricciones para quienes hayan operado ilegalmente en los meses previos a la entrada en vigor de la nueva normativa.
Chile parece avanzar hacia un modelo de juego regulado, donde la legalidad del juego presencial está garantizada y el juego en línea opere en un marco de tolerancia a la espera de una legislación específica. La prohibición para funcionarios públicos de participar en apuestas sigue siendo un pilar fundamental para la protección del patrimonio estatal, mientras el sector privado y las autoridades preparan el terreno para una regulación moderna que aporte seguridad jurídica y transparencia al mercado.
