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Continúan los operativos contra el juego ilegal en Colombia
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En un esfuerzo conjunto entre la Policía Metropolitana de Bogotá y se llevó a cabo uno de los operativos más grandes contra el juego ilegal en la capital colombiana. Durante esta acción, se incautaron 246 elementos de juego, incluidas tres máquinas tragamonedas electrónicas ilegales, así como 57 módulos de apuestas por internet que operaban a través de plataformas no autorizadas. Según Coljuegos, estos elementos estaban valorados en aproximadamente 100 millones de pesos colombianos y representaban una pérdida anual de más de 28.000 millones de pesos para el sistema de salud del país.
Coljuegos y Policía Nacional: Aliados en la lucha por el juego legal
El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, destacó la importancia de estas acciones para proteger los recursos destinados al sistema de salud colombiano. “Con estas acciones, durante nuestra administración hemos completado un total de 5.291 elementos ilegales incautados. Nunca antes las estructuras que operan juegos sin autorización lo habían tenido tan difícil”, afirmó Hincapié. Además, señaló que este operativo es parte de una estrategia nacional que ha incluido intervenciones en departamentos como La Guajira, Córdoba, Nariño y Tolima.
El juego legal en Colombia está estrictamente regulado y las ganancias generadas por esta industria son fundamentales para financiar programas sociales y de salud. En 2024, las contribuciones del sector alcanzaron cifras récord, superando los 1,1 billones de pesos colombianos destinados al sistema subsidiado de salud. Sin embargo, el juego ilegal sigue siendo una amenaza significativa, desviando recursos críticos que podrían beneficiar a millones de colombianos.
Detalles del operativo
Entre los elementos incautados por la se encontraban módulos utilizados para apuestas en línea a través de plataformas no autorizadas. Estas operaciones ilegales no solo evaden impuestos y licencias obligatorias, sino que también exponen a los usuarios a riesgos financieros y fraudes. Según Coljuegos, solo 16 operadores tienen licencia para ofrecer juegos en línea en Colombia. Los operadores legales deben pagar una tarifa anual que se destina a causas sociales como la educación y la salud.
Además del decomiso, Coljuegos informó que ha destruido un total de 8.678 elementos ilegales durante el año 2025. Estas acciones han permitido recuperar más de 250.000 millones de pesos anuales para el sistema de salud colombiano.
La lucha contra la ilegalidad es un compromiso continuo
Marco Emilio Hincapié reiteró el compromiso del organismo con la erradicación del juego ilegal: “Seguiremos llegando a todas las localidades de Bogotá para desmantelar más lugares clandestinos”.
El impacto del juego ilegal va más allá de las pérdidas económicas; afecta directamente la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales como la salud pública. Según estimaciones oficiales, las actividades ilícitas relacionadas con el juego generan pérdidas anuales multimillonarias para el país. Además, estas operaciones suelen estar vinculadas a redes criminales que perpetúan actividades como el lavado de dinero.
Coljuegos ha subrayado que la regulación estricta del sector no solo garantiza ingresos para programas sociales, sino que también protege a los jugadores al promover prácticas responsables y seguras.
Un modelo regional en regulación
Colombia ha sido reconocida como un modelo regional en regulación del juego gracias a sus esfuerzos por formalizar la industria y combatir la ilegalidad. Sin embargo, el debate acerca del aumento del impuesto al valor agregado (IVA) sobre las apuestas en línea continua, ya que muchos expertos insisten que podrían incentivar un regreso al mercado ilegal.
Las autoridades continúan trabajando para equilibrar la sostenibilidad fiscal con la estabilidad del sector legal. Mientras tanto, operativos como el reciente en Bogotá refuerzan el mensaje claro: el juego ilegal no tiene espacio en Colombia.
Este operativo demuestra el compromiso del gobierno colombiano con proteger los recursos públicos y garantizar que los recursos generados por el sector del juego beneficien directamente a su población más vulnerable.
